Forestación, establecimiento de sistemas de riego campesino y medidas preventivas, son algunas de las acciones de largo plazo impulsadas por el Ministerio de Agricultura, para hacer frente al proceso de desertificación que impacta en la disminución de tierras para la actividad agropecuaria de Chile.
El ministro del ramo, José Antonio Galilea, destacó que de las 75.6 millones de hectáreas que tiene el país, aproximadamente 35.5 millones tienen uso silvoagropecuario y por ello deben ser protegidas.
La autoridad informó que en la Región Metropolitana existen un total de 683.000 hectáreas erosionadas en distintas categorías. Las causas corresponden a la deforestación, incendios, malas prácticas y efectos del cambio global, especialmente en la variabilidad del clima, detalló.
Las comunas de San Pedro, Alhué y Til-Til se encuentran en categoría grave, de acuerdo al Mapa Preliminar de la Desertificación en Chile, elaborado por Conaf. Las comunas de Colina y Lampa presentan desertificación moderada. En tanto, Melipilla, Curacaví, María Pinto, Buin y Paine tienen categoría leve de desertificación.
Los efectos que produce esta desertificación comprenden disminución de precipitaciones, retroceso de ecosistemas frágiles -especialmente glaciares- disminución de la productividad en tierras de secano y empobrecimiento de la población rural en las áreas afectadas.
Es por eso que estamos desplegando nuestros esfuerzos para enfrentar el problema con acciones a largo plazo, que nos permitan tener éxito implementando soluciones puntuales en cada uno de los lugares de Chile lo requiera, aseguró el secretario de Estado.
En la Región Metropolitana, por ejemplo, se está impulsando la forestación de cerca de 6.000 hectáreas de terrenos descubiertos mediante la aplicación de los instrumentos de fomento del Minagri, incluyendo la recuperación de suelos degradados.
Otras acciones comprenden el establecimiento de sistemas de riego campesino mediante obras menores, manejo y recuperación de bosques nativos y formaciones xerofíticas, programas de control de incendios forestales y de incentivo a la sustentabilidad agroambiental de los suelos de uso agropecuario, entre otros.
Entre las medidas preventivas de desertificación, destaca la superficie de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado, las que totalizan 3.009 hectáreas y cuyo régimen de protección asegura su conservación para las generaciones futuras.
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